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coyuntura

“No hay puente entre la justicia transicional y la indígena”: Feliciano Valencia

Por Edinson Bolaños.- Ad portas de que la Corte Suprema de Justicia defina la suerte del líder nasa condenado a 18 años de prisión por el delito de secuestro, desde su territorio habla de los interrogantes sobre la ley que debería aplicarse a los indígenas que se han enfilado en las Farc. Al líder indígena Feliciano Valencia Medina intentaron cortarle el pelo en la cárcel San Isidro de Popayán. Cuando estuvo detenido durante dos meses, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) quiso aplicarle la misma norma que cobija a los presos mestizos, como una forma de mantener la disciplina carcelaria, higiene, seguridad y prevención ante una probable fuga. Pero imperó la justicia indígena, que detuvo tal exabrupto para la cosmovisión de los nasas del norte del Cauca. No le cortaron el pelo y luego le permitieron purgar la pena en su territorio. El lunes pasado lo encontramos allá, en el resguardo Muchique Los Tigres, en Santander de Quilichao (Cauca), a donde fue trasladado en noviembre de 2015. Con su cabello intacto. Indio, largo y liso. Encima un sombrero de fique y de su cuello descolgaba un collar bordado por indígenas Kamsá, que tiene la figura de un tigre. Hoy espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia, tras presentar un recurso de casación luego de que el Tribunal Superior de Popayán lo condenara a 18 años de prisión. Lo acusaron del delito de secuestro contra el cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparral Santiago, porque el 14 de octubre de 2008 la Guardia Indígena los retuvo a él y a otros soldados que se infiltraron con armamento en la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que se desarrolló ese año en el resguardo La María, en Piendamó (Cauca). El castigo fueron 20 latigazos. Y la justicia acusó a Valencia de ser el promotor de tal juicio. Ahora está hablando de posconflicto. En una tarima improvisada en la vereda Santa Lucía de este resguardo, frente a más de 800 comuneros. En su discurso comenta algunas salvedades que tienen los indígenas frente al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc.

El exterminio de los awás y su propuesta de paz

Por Edinson Bolaños.- En los últimos quince años han sido asesinados 2.000 nativos de esta etnia. Su propuesta de paz es perdonar a cambio de recorrer las montañas sin miedo a las balas ni a las minas. En cuatro meses tendrán un mandato de paz que presentarán al Gobierno y a las Farc. El silencio de Eduardo Pascal también es para evitar que su lengua nativa, el awapit, se extinga. Está tocando la marimba como si fuera un afrodescendiente del Pacífico colombiano, mientras su esposa y sus dos hijas lo miran con disimulo desde una esquina. Por momentos se esconden detrás de una pared del salón del resguardo Awá Piguambí Palangala del corregimiento de Llorente en Tumaco, Nariño, porque cuando llegan mestizos les da miedo que se burlen o que les griten: “habla bien, indio”. A Pascal le falta una hija, Cristina. Ya no está, porque hace dos meses, mientras él se fue con la guardia indígena y su pareja a trabajar en un restaurante del pueblo, al regresar la encontró al lado de una quebrada, sin signos vitales, y a su lado un tarro vacío del veneno con el que Pascal fumiga la coca.Hace tres años llegaron al corregimiento para que las hijas estudiaran el bachillerato en un colegio de mestizos: la Institución Educativa Llorente. La mayor tenía 16 años y todos los días le decía a su padre: “Papá, casa más bonita. Papá quiero pieza para mí sola”. Pascal construyó un rancho de paja detrás del centro urbano y ahí viven hacinados en un solo salón. Salieron del resguardo Tortugaña Telembí, donde los taitas aún conservan su cultura: caminan descalzos, hablan la lengua propia y sobreviven de lo que producen la selva y las huertas. Caminaron dos días para llegar a Llorente. En ese territorio, fronterizo con Ecuador, el 4 de febrero de 2009, entre Barbacoas y Ricaurte (Nariño), al menos 17 indígenas awás fueron torturados y asesinados con armas blancas por miembros de la columna Mariscal Sucre de las Farc. “Luego de acusarlos de suministrarle información al Ejército, los guerrilleros los asesinaron utilizando cuchillos y machetes. Dos de las víctimas eran mujeres en estado de embarazo”, relató en 2010 la Comisión Colombiana de Juristas.

¿Por qué los U’wa se han tomado una planta de Ecopetrol?

Por Pilar Chato.- La última gota en colmar el vaso es el incumplimiento de los acuerdos entre este pueblo en riesgo de desaparición y el Gobierno de mayo de 2014, pero la pelea de esta comunidad indígena colombiana por defender sus derechos y su territorio data de la colonia. Sus tierras son demasiado ricas para mirar a otro lado. Es de madrugada. Colombia duerme a la espera de la celebración de los 206 años de su independencia de la colonia. Un grupo de indígenas U’wa ocupa la planta de gas natural de Gibraltar que Ecopetrol tiene al Norte de Santander y cierra la llave del gaseoducto, controlando la entrada y salida de personas. Llevan siete semanas avisando, cincuenta días de protesta en los que pedían al Gobierno que diese respuesta a los problemas de esta comunidad, cincuenta días avisando de la falta de voluntad política para cumplir unos acuerdos de hace dos años, cuando los problemas con esta misma petrolera les llevaron a protestar masivamente. Los U'wa querían que el Gobierno se presentará en el territorio y cumpliera con los acuerdos de mayo y junio de 2014. Pero no lo ha hecho. Sus demandas plantean la recuperación y el control de los territorios donde se encuentra la planta hasta que se cumplan estos acuerdos. Responsabilizan al Gobierno de cualquier acción de represión que se produzca ante su de protesta y hacen un llamado a la Fiscalía y las organizaciones nacionales e internacionales a que hagan un seguimiento de lo que ocurre. “Los pueblos que no luchan y exigen la protección de sus derechos colectivos como pueblos ancestrales y milenarios tienden a desparecer sin dejar huella a futuras generaciones”, reza el comunicado emitido este miércoles por los U’wa que llevan desde la colonia peleando contra quienes quieres explotar la riqueza de sus territorios. Si hace 400 años fue el oro, desde los años 80 del pasado siglo la gran amenaza es el petróleo.

ESMAD: Grave amenaza al movimiento social

Por Cumbre Agraria.- En el actual escenario de paz la esperanza de miles de colombianos por vivir tranquilos empieza a cosechar sus frutos, en el marco de la firma final de los acuerdos de Paz en la Habana Cuba; sin embargo, vemos con asombro, preocupación y total rechazo las recientes declaraciones del señor presidente Juan Manuel Santos, cuando afirma: “Y ahora vamos a ver -porque eso es parte natural de este proceso- más movilizaciones y protestas sociales, porque ya no va a ser en las selvas a punta de bala, sino por las vías democráticas como se solucionen las diferencias de nuestra sociedad”  seguido de: “Se requieren personas de temple, personas fuertes, personas con nervios de acero, pero con el corazón ardiente por el amor a su institución y a su Patria para cumplir bien ese indispensable deber de preservar el orden público en todas las zonas y territorios del país. Un trabajo importantísimo, un trabajo muchas veces ingrato”. Dicho pronunciamiento en referencia al ESMAD -Escuadrón Móvil Antidisturbios- obvia los hechos acaecidos desde la creación de esta división de la policía, que la han posicionado como uno de los cuerpos de la fuerza pública con más violaciones a los derechos humanos registradas en los últimos años; es una entidad que funge como aparato estatal que -ahora con licencia para infringir y vulnerar los derechos humanos con la doctrina militar y el nuevo código de policía que- actúa en contravía de los procesos sociales y populares, alejando cada vez más la esperanza de alcanzar un verdadero escenario de armonía, reconciliación y paz para todos los pueblos y comunidades que habitan el territorio nacional, con el agravante que mientras se persigue al movimiento social aumentan y se fortalecen los paramilitares y bandas criminales sin mayor atención por parte del gobierno.

El paro de la Minga indígena y la Cumbre Nacional Agraria, ¿qué aportes y retos deja?

Por Oto Higuita.- El reciente paro nacional agrario de la Cumbre Nacional Agraria y la Minga Indígena, tras dos semanas de protestas, bloqueos de vías, movilizaciones, acciones políticas y culturales en 100 puntos de la geografía nacional, con mayor énfasis y fuerza en el departamento del Cauca, deja un balance positivo que hay que acompañar y hacerle seguimiento para que no se apague la chispita de luz que alimenta la esperanza del cambio en Colombia. Ante todo, fue el resultado de la resistencia indígena, campesina, afro y popular que puso de nuevo una alta cuota de sacrificio humano: tres guardias indígenas asesinados, Willington Quibarecama Nequirucama, Gersaín Cerón y Marco Aurelio Díaz; más de un centenar de heridos y varios judicializados. El movimiento tiene su antecedente inmediato en el paro nacional agrario del 2013, que movilizó a los sectores representados en la Cumbre Nacional Agraria, convirtiendo el paro en una protesta que se extendió por casi todo el país, incluida la movilización en algunas de las principales ciudades. Este paro presentó un pliego que fue acogido inicialmente por el gobierno de Juan Manuel Santos, que luego fue poco a poco diluyendo y evadiendo su compromiso reunión, tras reunión, con la Mesa Única de negociación. En resumen, el Estado, por medio del gobierno central, incumple a la Cumbre el pliego de 8 puntos que presentó. Salvo algunas pequeñas concesiones, en más de un 80% el gobierno incumplió. Pésima señal, que comprueba lo que ya sabe de sobra el movimiento popular colombiano: el incumplimiento por parte del Estado (negocia el gobierno a nombre del Estado) de lo que se acuerda en la mesa de negociación.

Día de la Madre Tierra: por su liberación

Por Equipo de Redacción El Colectivo.- El 16 de diciembre de 1991 fueron masacrados 21 indígenas de la etnia Nasa, en el municipio de Caloto, Cauca. Dicho acontecimiento fue perpetrado por la Policía Nacional de Colombia. Solo hasta 1995, y luego de varias demandas incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado admitió su culpa y firmó un acuerdo con los indígenas del Cauca en el que se comprometía a entregarles más de 14 mil hectáreas de tierra. Hasta ahora les han entregado algunas (según el Diario El Espectador del 15 de diciembre de 2001 faltaban 1.760). El problema es que las tierras entregadas, en su mayoría, no son, según los indígenas, aptas para la agricultura. Según la cartilla de la ACIN, titulada “Seguimos en minga por la liberación de la Madre Tierra”, de las 193.370 hectáreas que habitan las comunidades indígenas Nasa en el Norte del Cauca, solo un 12% son aptas para la producción pecuaria y de alimentos, el resto son de vocación forestal (la mayoría) o constituyen zonas de páramo. Además, no hay forma de ampliar la frontera agrícola debido a que son zonas de conservación para la producción de agua. En septiembre de 2005, los indígenas entraron a la Hacienda La Emperatriz con el fin de recuperarla, es decir, liberarla. El argumento esgrimido entonces era y sigue siendo el siguiente: “Para nosotros la tierra es la madre y contra ella se comete un crimen del que vienen todos los males y miserias".

Los líderes indígenas y de la sociedad civil piden que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos y de acaparamiento de tierras vinculados a millones de toneladas de aceite de palma importados a Europa

Por Forrest Peoples Programme.- Los líderes indígenas, comunitarios y de la sociedad civil provenientes de todo el mundo que visitaron Europa hicieron hoy un llamado para que se tomen medidas urgentes en la UE que permitan responder a los abusos de los derechos humanos vinculados directa o indirectamente con las cadenas de suministro del aceite de palma. Agus Sutomo, delegado participante en este evento y director de la ONG basada en Pontianak LinkAR-Borneo, en Kalimantan Occidental, Indonesia, dijo: “Necesitamos que la comunidad mundial entienda que cuando consumen aceite de palma y biocombustibles están consumiendo la sangre de nuestros pueblos en Indonesia, Liberia, Colombia y Perú. Las violaciones de derechos humanos están siendo realizadas por una industria que se encuentra en expansión debido a la demanda de aceite de palma y de bioenergía por parte de la Unión Europea.” A pesar de los esfuerzos para regular la industria del aceite de palma con iniciativas tales como la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y las normas climáticas controversiales como la Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC por sus siglas en inglés), los testimonios de los delegados revelan que la industria no está rindiendo cuentas a las comunidades afectadas.

Los Embera recuperan el “aroma de la montaña”

Por Verdad Abierta.- Por decisión de un juez de tierras, 133 familias indígenas Embera volvieron a adquirir los derechos territoriales sobre las 3 mil 157 hectáreas que componen el Resguardo Dóbida Dogibi, en el municipio de Unguía, Chocó. El Resguardo Indígena Embera Dóbida Dogibi del territorio ancestral Eyákera está integrado por 24 familias, de las cuales 14 siguen en situación de desplazamiento. Cientos de familias indígenas de la comunidad Embera que, en el pasado, fueron expulsadas de su resguardo por grupos armados ilegales, volverán a poseer su territorio ancestral Eyákera, por decisión de un juez especializado de tierras, que dictó sentencia a favor de los nativos. La medida les permitirá disfrutar del “aroma de la montaña”, tal como traduce el vocablo Eyákera, una extensa área de 3 mil 157 hectáreas que conforman el Resguardo Dóbida Dogibi, del municipio de Unguía, en el departamento del Chocó. El trasfondo de esa restitución está lleno de dolor. Quien lea la historia de los indígenas Embera beneficiados con la medida se preguntará cómo lograron sobrevivir a los ataques de guerrilleros, paramilitares y bandas criminales, así como a la acción del Estado de envenenar sus tierras con glifosato, para erradicar la hoja de coca.

Garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas en Colombia a través de la adecuación sociocultural

Por Pablo Andrés Martínez Silva.- Colombia ha hecho notables esfuerzos en pro de garantizar el derecho a la salud de su población. En el año 2015 se expidió la Ley 1751, orientada a la regulación de este derecho. Esta consolida los avances desarrollados por la jurisprudencia internacional, regional y nacional. Allí se establecen los elementos esenciales del derecho – disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, calidad e idoneidad profesional -, así como un conjunto de principios interrelacionados. Para el caso de  los grupos étnicos indígenas, son particularmente relevantes aquellos de equidad, interculturalidad y protección de los pueblos indígenas. En este marco, surge la necesidad de avanzar hacia la operatividad en lo local con miras a garantizar el Derecho a la Salud. La adecuación cultural o sociocultural, constituye una de las estrategias para llevar a la práctica el elemento de la aceptabilidad, entendido como el ajuste acorde con la ética médica y las particularidades socioculturales, en el caso de los pueblos indígenas, de las acciones orientadas al cuidado de la salud. Desde la organización de la cual formo parte, se ha conceptualizado la adecuación como un proceso dinámico participativo y constructivo en tres dimensiones: política, epistémica y operativa.

Un estat d’esquena al poble

Por Iván M. García.- L'exsenadora colombiana Piedad Córdoba va entrevistar al setembre Timochenko, el líder de la guerrilla de les FARC. L’entrevista va ser a l’Havana, la va retransmetre la cadena Telesur i va durar tres hores. Durant la xerrada, Piedad Córdoba li va comentar: “Fa un mes i mig vaig ser a Puerto Rico i els camperols es preguntaven qui els protegiria quan la insurgència entregués les armes”. I el guerriller va contestar: “Doncs sap què ens han dit a nosaltres? Per què no ens deixeu les armes per defensar-nos?” És el tòpic. L’absència d’estat ha donat peu a la presència de grups armats a Colòmbia. Però si bé les FARC han aprofitat l’absència de força pública a certes zones per fer-se forta, a la majoria de municipis sempre n’hi ha hagut. Precisament, per combatre la guerrilla. Pel que fa als paramilitars de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC), aquests van actuar sempre en connivència -de vegades amb la col·laboració- de l’exèrcit. No es tracta de si hi ha presència estatal a les zones rurals o no, sinó “com es fa aquesta presència -assenyala Camilo González, director de l’Institut d’Estudis per al Desenvolupament i la Pau (Indepaz)-. S’ha prioritzat l’exèrcit en lloc de mestres”.