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Megaproyectos

 

El creciente proceso de globalización impone normas, acuerdos, concesiones e intereses en regiones como América Latina, un continente de inmensas riquezas en flora, fauna, minerales, petróleo, biodiversidad, fuentes hídricas, oxigeno, ríos y océanos, entre muchos recursos. Bajo la lógica del capitalismo y de las políticas desarrollistas, se insertan estructuras de grandes negocios en zonas estratégicas, para lo cual Colombia no está exenta. 

Por su parte el Estado Colombiano orienta la política económica hacia una apertura de concesiones  en favor de estos megaproyectos y a la inversión extranjera para el desarrollo;  la voluntad política se direcciona a entregar los recursos y a generar privilegios para las compañías transnacionales,  con formidables márgenes de ganancias  asimétricas. Mientras se instalan los megaproyectos,  se instala  también el despojo del territorio, la militarización y la guerra, generando con ello el exterminio de pueblos indígenas y de comunidades que habitan ancestralmente en el territorio.

Por un lado, están los principales megaproyectos de infraestructura vial del Plan Puebla Panamá (PPP), actualmente denominado Proyecto Mesoamérica; elemento fundamental de la Agenda Centroamericana para el siglo XXI. Se creó en el año 2000 en México, y fue adoptado  con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo DIB, en marzo de 2001, por México, Guatemala, Bélice, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Colombia lo haría en julio de 2006.

Lo conforman cuatro componentes fundamentales: La Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas;  Represas Hidroeléctricas; Industrias articuladas a puertos privados y puertos libres; Agro-negocios y Negocios Forestales; y los Tratados de Libre Comercio. El proyecto PPP recibe financiación del BID,  del Banco Japonés para la Cooperación Internacional,  el FAD de España, la Unión Europea y otras agencias bilaterales.

De la misma lógica nace la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), aprobada por los presidentes de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Surinam, Uruguay, Guyana y Paraguay. Se origina en la Declaración de la Cumbre de las Américas de 1994, mediante la cual se dio inicio a las discusiones sobre el ALCA - Área de Libre Comercio de las Américas-, como mecanismo para la “integración continental” bajo el supuesto de que esto permitiría el desarrollo equitativo de los pueblos.  No obstante,  la verdadera intención era crear en los países del continente las condiciones de mega-infraestructura, a través de la implementación de grandes vías, el establecimiento de hidroeléctricas y la instalación de importantes centros de telecomunicaciones, para crear condiciones  apropiadas para la exportación de mercancías ubicadas en zonas de producción estratégica y dar  paso al libre comercio, sin ningún tipo de restricciones.

Incluye, además, puertos, redes de interconexión eléctrica y oleoductos interconectando a represas, hidroeléctricas,  yacimientos de hidrocarburos y de gran minería, proyectos de agrocombustibles y monocultivos en toda Suramérica. Atraviesa ríos, reservas forestales, altas montañas, océanos, selvas vírgenes, valles y pueblos indígenas y comunidades, sus culturas, formas de gobierno y tradiciones. Avanza en su instalación sin respetar la consulta previa de estos pueblos, con su consecuente daño cultural, ambiental y social a través del despojo del territorio ancestral. 

El proyecto más ambicioso pretende unir los ríos Orinoco – Amazonas  y Paraná,  interviniendo las barreras  físicas, legales, sociales y culturales para su implementación.  Su pretensión principal es comunicar  el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, utilizando el río Amazonas, afluentes y carreteras, incluyendo a Putumayo - Colombia y Ecuador.

De igual manera, existen otros megaproyectos instalados en Centro América y Sur América. Para el caso Colombia, cabe mencionar algunos de importancia relevante como “el paso de Frontera – Cúcuta – San Antonio del Táchira (Venezuela); la recuperación de la navegabilidad por el río Meta; la carretera Pasto – Mocoa y su gran conglomeración en el eje Andino Colombiano”;  el Proyecto Arquímedes en el Departamento de Nariño, entre otros. Todos conectan con proyectos de hidroeléctricas y de infraestructura vial que a su vez conectan con el PPP y con la IIRSA, conformando un gran Plan Puebla - Patagonia, desde México hasta Argentina. Importante resaltar que la interconexión eléctrica Colombia – Panamá, tiene el objetivo prioritario de llevar electricidad desde Suramérica hasta Norteamérica.

En el mismo sentido, para dar cumplimiento a los objetivos del PPP, se avanza en el poliducto Transguajiro que incluye a Venezuela, Colombia y Panamá.  De igual manera,  para concentrar la propiedad de la tierra en regiones estratégicas y ofertarla a negociantes transnacionales existe el megaproyecto Gaviotas II en el Oriente colombiano.

Por su parte, los Tratados de Libre Comercio (TLC) constituyen un marco jurídico en favor de los grandes empresarios y Estados inversionistas, transgrediendo los derechos colectivos de los pueblos, la cultura y la biodiversidad. Estos tratados comerciales devienen del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que pretendía imponer la libertad de comercio bajo la hegemonía y las condiciones de Estados Unidos en todo el Continente Americano desde Alaska, en el norte, hasta la Patagonia, en el Sur, y por la resistencia de los movimientos sociales no se pudo instalar. Hoy lo sustituyen “Tratados bilaterales de Libre Comercio” con algunos países de América Latina. Es importante señalar que, en la actualidad ,se instala la Iniciativa para la Prosperidad  de las Américas, como instrumento para agrupar a todos los países que han firmado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

Los TLC cambian el régimen jurídico interno de los países a favor de los inversionistas, derogan las normas de protección de los derechos colectivos, económicos, sociales y culturales, lesionan la soberanía jurídica y territorial, para imponer los derechos de los inversionistas. Condición propicia para abrir la puerta que conduce a la instalación de megaproyectos. Los TLC son el recurso por excelencia de las transnacionales para expoliar el territorio y generar despojo, miseria y militarización; implican la construcción de una gigantesca infraestructura que impone el sometimiento de los pueblos en una relación desigual orientada a generar el bienestar de los “países desarrollados”.

El impacto en las comunidades y pueblos indígenas reviste una extrema gravedad que va desde la amenaza de extermino y desaparición, la destrucción del derecho de origen, el derecho inalienable de la tierra, desplazamiento forzado,  pérdida de autonomía y de gobierno propio,  incremento de la violencia y de la guerra, crisis alimentaria y ambiental; en suma, la violación de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales, culturales y colectivos.

 

Los megaproyectos y su impacto directo en los pueblos indígenas

El despojo del territorio para la instalación de Megaproyectos afecta gravemente al conjunto de las comunidades y de los pueblos indígenas, pero es importante señalar los pueblos que directamente padecen el exterminio a causa de su instalación.

El pueblo Sikuani se ve gravemente afectado por la recuperación y ampliación de la navegabilidad del río Meta, el mejoramiento de la vía Villavicencio - Puerto Carreño, que a su vez hace parte de la Transversal Buenaventura en el mar Pacífico y Puerto Carreño en el departamento del Vichada, límites con Venezuela. Esta región del río Meta está dentro de la proyección de la IIRSA a través de un proyecto japonés que busca instalar el libre mercado de mercancías desde Bogotá hasta el río Orinoco y de allí al Océano Atlántico.

Para el caso del pueblo Awá está la construcción de la Carretera Tumaco-Pasto, la cual hace parte del Corredor Multimodal Tumaco (Colombia) – Belém do Pará (Brasil), un tramo de un megaproyecto de la región Amazónica Suramericana dentro de la IIRSA que busca unir el Pacífico con el Atlántico a través del río Amazonas, garantizar el transporte de carga pesada y sacar las exportaciones del Brasil hacia el oriente asiático. También busca implementar la infraestructura para extraer recursos mineros, petroleros, energéticos, naturales, la biodiversidad y el conocimiento ancestral de la Amazonia. La construcción de esta carretera que tendrá 284 kilómetros entre Tumaco y Pasto afectará una buena parte de los territorios de los Awá.

Por su parte los pueblos Inga y Kamëntzá se ven amenazados por la construcción del corredor Multimodal Tumaco – Belém do Pará, Eje Amazonas, el cual tiene un tramo que se denomina la Variante San Francisco- Mocoa. Este tramo, de 47 kilómetros, cruza el territorio ancestral de los Inga y Kamëntzá, poseído, conservado y protegido con gran celo por estos pueblos con su biodiversidad, riqueza natural y ambiental. Según denuncian los Ingas, es un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo propósito central será facilitar la extracción sistemática de recursos naturales (petróleo, agua, minas, conocimiento tradicional, riqueza natural).

 

FUENTES

Alvarado, Mario: Situación de las comunidades indígenas en Colombia, revisión e iniciativas. Indepaz

Cabello, Joana: Megaproyectos en la Amazonía: Desarrollo, exclusión y capitalismo y militarización. 2009

Grupo Semillas, ILSA: La IIRSA, una propuesta integradora? 2007

Tenjo, Mayra Johana: Colombia: Un modelo de desarrollo desde la IIRSA. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA). 2009

 

Páginas web

Blog del Territorio Tamoabioy

Mapa Interactivo Impactos Eje Amazonas IIRSA