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Hidroeléctricas

 

En un contexto de crisis energética mundial con crecientes precios del petróleo, la evidente inseguridad de la energía nuclear, la negativa a un cambio a fuentes renovables y el sostenimiento de un consumo irresponsable, los países del Norte,  responsables de esta crisis, se lanzan a la búsqueda de otras formas de mantener su actual demanda de energía. Las centrales hidroeléctricas parecen una solución a corto plazo, pero ante el agotamiento de sus propias  fuentes hídricas y su incapacidad para hacer frente a los irreparables impactos ambientales y sociales que generan este tipo de instalaciones, se torna la mirada  hacia los países del Sur con un gran potencial hídrico.

En Colombia,  estas centrales se han venido ofertando como oportunidades de desarrollo económico, de creación de riqueza y de empleo, aunque muy lejos de eso las experiencias pasadas han revelado graves  problemas en los  territorios donde se establecen. Desde la ejecución de las obras de  construcción de los diques de gran envergadura hasta la puesta en marcha  de las propias centrales,   aparecen diversos impactos sobre las cuencas hidrográficas: el empeoramiento de la calidad del agua,  aumentos en la sedimentación con acumulación de nutrientes y organismos que incitan la proliferación de algas (algunas veces toxicas),  graves  afectaciones a especies de peces migratorios  debido al requerimiento de una fuente de agua dulce fluida y no obstruida para poder procrear y desovar, y pérdidas de ecosistemas ribereños con alta biodiversidad por ser alterados o directamente anegados.

Consecuentemente, todos y cada uno de estos impactos sobre los ecosistemas se traducen en impactos sociales, económicos, culturales y sobre la salud de las comunidades indígenas alrededor las cuales se implementen los proyectos hidroeléctricos. La pérdida de calidad del agua produce graves problemas de salubridad, la soberanía alimentaria se ve amenazada por la alteración de la reproducción y migración de las especies objeto de pesca, así como por los daños en cultivos agrícolas por variaciones en el microclima y en  los ciclos naturales de los ríos.  Más grave aun es el desplazamiento muchas veces forzoso al que se ven sometidas poblaciones indígenas enteras por la inminente inundación de sus territorios,  siendo vulnerados seriamente sus derechos humanos, particularmente el derecho a la libre circulación, a la propiedad, a la vivienda y a la consulta y consentimiento previos ante el desarrollo de proyectos de directa afectación.

Existen numerosos casos de proyectos hidroeléctricos de gran envergadura en Colombia que inciden directamente sobre las comunidades indígenas.

Las represas Urrá I y II, en el noroccidente del país (Departamento de Córdoba) han tenido graves repercusiones sobre el pueblo Embera Katío del Alto Sinú. La  construcción de la presa de Urrá I,  a cargo de un consorcio sueco-colombiano (Skanska-Conciviles) y con financiamiento del banco sueco Nordbanken, ha estado vinculada a asesinatos, secuestros y numeras violaciones a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas.  A pesar de la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional de Colombia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de los derechos de supervivencia y de integridad étnica, cultural, social y económica del pueblo Embera Katío, la construcción de la represa se concluyó en el año 1998, anegando  parte de los territorios ancestrales y forzando el desplazamiento de parte de su  población.

La misma dinámica de  terror, guerra y de violaciones a los derechos humanos, inclusive con mayor intensidad,  se ha llevado a cabo en la promoción de la construcción de la represa Urrá II durante las dos últimas legislaturas, que se convertiría en una de las presas hidroeléctricas más grandes del país. Esta segunda etapa del proyecto pretende inundar 50.000 hectareas de selva tropical y afectaría a tres de los ríos de los Embera Katío, contribuyendo así al proceso de extinción física y cultural de este pueblo.

La represa La Salvajina, en el norte del departamento del Cauca, fue construida en la primera mitad de los años 80 por la empresa Corporación del Valle y Cauca (posteriormente EPSA). Desplazó de una área de 2.100 hectáreas más de tres mil personas, entre afrodescendientes, campesinos e indígenas de la comunidad Nasa. En el año 2000, EPSA fue adquirida por la empresa española Unión Fenosa, que es desde entonces su socio mayoritario, contando en la actualidad con un 64% del capital. Ésta se niega a responsabilizarse por los pasivos ambientales y sociales asociados al proyecto y por las compensaciones en materia de salud, infraestructura y educación, que tras veinte años aún no se han efectuado.

El proyecto de la represa El Quimbo es promovido por la multinacional española Endesa, a través de su filial en Colombia, Emgesa. Esta represa ocupará un área de 8.500 hectáreas en la cuenca del río Magadalena, en el departamento del Huila, y afectará a unas 1.755 personas. La crónica de este proyecto está envuelta en un sin fin de casos de corrupción, de irregularidades administrativas, y hasta de sucesos de represión estatal violenta. La colocación en la zona del batallón especial energético vial n° 12 del Ejército Nacional, la creación de una zona franca con ventajas tributarias para la empresa y las cuestionables licencias ambientales otorgadas, son algunas de las actuaciones que sugieren un interés gubernamental en la protección de los intereses económicos de la multinacional, mientras crecen los ataques y amenazas con violencia a los movimientos detractores por parte de grupos paramilitares que comenzaron a aparecer en la zona a raíz de la promoción de este proyecto.

Existen otros proyectos con fines  hidroeléctricos  y/o de riego  que están  produciendo problemáticas similares sobre  los pueblos indígenas colombianos: la represa de Besotes, en la Sierra Nevada de Santa Marta (Departamento del Cesar), impacta en las comunidades indígenas de  Arhuacos, Arzarios, Koguis y Kankuamos; la  represa de la Rancheria, en la Guajira, actualmente en proceso de ampliación, lo hace sobre los pueblos Wiga y Kogui; la represa Pescadero-Ituango, en el norte de Antioquia, afecta al pueblo Nutabe; el proyecto multipropósito del Guamuez pretende elevar el espejo de agua de la laguna de la Cocha (Nariño) inundando territorios de la comunidad indígena Quillacianga; y el distrito de riego del Triángulo de Tolima, al sur de este departamento, afectará al pueblo Pijao. También aparecen otros proyectos que tendrán graves impactos sobre un gran número de comunidades campesinas y afrodescendientes:  la IV ampliación de la serie Porce, en el departamento de Tolima, y la de Hidrosogamoso, en  Santander, entre otros.

El auge de los proyectos hidroeléctricos en Colombia desvela la voluntad de la administración  nacional de  implementarlos como un vagón más de la llamada locomotora minero energética del gobierno de Juan Maunel Santos, que se lanza a una nueva conquista de los territorios y de sus recursos naturales. Entre otras infraestructuras, se pretende la creación de una gran red de interconexión eléctrica entre América Latina y Estados Unidos, que incluye la construcción de 32 represas en México, 26 en Centroamérica y la conexión con las represas colombianas.  Todo ello articulado mediante  una serie inversiones continentales integradas  en el  Plan Mesoamérica (Plan Puebla-Panamá), el Canal Atrato-Truandó y/o Atrato – San Miguel y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA).

Evidentemente, esta red eléctrica interamericana pretende cubrir los excesos de los países del norte del continente y mantener así su irresponsable demanda energética. A nivel interno, la administración colombiana recurre al desarrollo económico y a un supuesto desabastecimiento para justificar esta avalancha de proyectos energéticos que pretenden tomar control de las fuentes hídricas en detrimento de la autonomía y la soberanía de los pueblos indígenas, sin reparar en el uso de la violencia y recurriendo a violaciones de sus derechos.  

 

FUENTES

CENSAT Agua Viva: ¡Aguas! Entre la inundación y el desplazamiento. Colombia, 2011

Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG): La ir-responsabilidad social de Unión Fenosa. Estado español, 2010

ODG, CENSAT Agua Viva: Unión Fenosa en Colombia El embalse de Salvajina y el desvío del Río Ovejas: una deuda ecológica y social que no deja de crecer. 2006

Mondragón, Héctor: Megaproyectos y territorios indígenas, en CECOIN: La tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, 2008
 

Páginas web

CENSAT Agua Viva

Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna

Minga Social contra los proyectos ecocidas en Colombia

Observatorio de las Multinacionales en América Latina - OMAL

Plataforma Sur

Red Latinoamericana contra represas  - REDLAR

 

Recursos Multimedia

Documental En el nombre del progreso. Megaproyectos y Minga Social

Documental SOS Embera. Amenaza hidroeléctrica Urrá

Documental Distrito de Riego Triángulo de Tolima. Conflictos de agua y territorio

Documental Represa Quimbo. Recolonización en Colombia