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Embera Katío

Somos embera. Venimos de la naturaleza, somos hijos del agua, del okendo, de nuestra madre tierra, por eso la defendemos.

Somos pueblos indígenas con historia y cultura propia, somos del territorio, de la naturaleza, tenemos gobiernos propios, lengua propia y tradiciones ancestrales, nos alimentamos de la selva, de la montaña y de lo que cultivamos, somos verdaderos y auténticos emberas.

I Congreso Nacional del Pueblo Embera, 2006

 

UBICACIÓN

El patrón disperso de asentamiento de los pueblos embera los ubica en diferentes departamentos del territorio colombiano y en asentamientos en Panamá y Ecuador. En su mayoría los Emberá Katío se ubican en el noroccidente del departamento de Antioquia y en los departamentos del Chocó, sobre la carretera Quibdo-Medellín, y Córdoba, sobre los ríos Sinú, Esmeralda y río Verde. También se encuentran en los departamentos de Caldas, Risaralda, Valle y Putumayo, entre otros. Parte de su territorio ancestral coincide con el Parque Nacional Natural de Paramillo, en los límites de los departamentos de Córdoba y Antioquia.

 

POBLACIÓN

Un total de 38.259 personas, según el censo del DANE de 2005. La mayor parte de la población se concentra en el departamento de Antioquia (33,5%, 12.815 personas), el Chocó (26,5%, 10.148 personas) y Córdoba (13,4%, 5.132 personas), concentrando estos tres el 73,4% de la población. Los Embera Katío representan el 2,7% de la población indígena de Colombia. Por otro lado, la población katío que habita en zonas urbanas corresponde al 13,6% (5.185 personas).

 

ORGANIZACIÓN

Su organización política se basa en los cabildos mayores y menores, agremiados en  distintas organizaciones regionales, según el departamento en el que se encuentran:

- Organización Indígena de Antioquia - OIA
- Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó - OREWA
- Cabildos Mayores Embera Katío del Alto Sinú - CAMAEMKA

 

COSMOVISIÓN

Los cuatro pueblos embera (katío, chamí, dóbida y eperara siapidara) conservan en la actualidad algunos de los rasgos que compartieron en tiempos prehispánicos y que les atribuyen características culturales semejantes y una fuerte base de identidad étnica común, como la lengua, tradición oral, cosmovisión, organización social y una nueva organización política a través de las organizaciones regionales (Ulloa, 2004).

En la cosmovisión embera se piensa que hay tres mundos: el de arriba (bajía), donde están Karagabí (la luna y padre de Jinopotabar) y Ba (el trueno); el de los humanos, que es la tierra (egoró), donde viven los Embera; y el de abajo (aremuko o chiapera), al cual se llega por el agua y es donde viven los Dojura, Tutruica, Jinopotabar y los antepasados y se originan los jaibaná (sabios tradicionales). El equilibro entre estos mundos y los órdenes que están entre ellos generan la vida cotidiana. Lo que pertenece al mundo de arriba debe bajar y lo que pertenece al de abajo debe subir, ascenso que representa un salir de entre la tierra. El agua es el elemento mediador entre los dos mundos, ya que se unen el movimiento de caer y salir, de aquí nace también la importancia de los ríos y la ubicación de las comunidades chamí cerca de ellos. Se relata que río arriba, en el nacimiento del agua, está la selva con toda su fuerza, con sitios peligrosos y temidos, y rio abajo está el lugar de los hombres en el cual se puede vivir (Vasco, 1990).

 

PRINCIPALES RIESGOS

 

Conflicto armado

El pueblo embera katío es uno de los 34 pueblos que, en 2009, el Auto 004 de la Corte Constitucional declaró como pueblo en riesgo de desaparición física y cultural a causa del conflicto interno. Este pueblo, víctima de todos los actores armados (grupos guerrilleros, paramilitares y Fuerza Pública), representa uno de los ejemplos más graves en cuanto a situación humanitaria y violaciones de los derechos humanos. Son numerosos los casos de desplazamiento, asesinato, secuestro, desaparición y reclutamiento forzado, entre otros.

El Auto 004 documenta de forma detallada la situación de dos de los grupos de este pueblo más afectados por el conflicto armado: los embera katío del Alto Sinú, en los ríos Verde, Sinú y Esmeralda del municipio de Tierralta (Departamento de Córdoba) y los embera katío del Alto San Jorge, Urabá y Chocó.

Embera Katío del Alto Sinú

El pueblo embera katío del Alto Sinú ha sido especialmente castigado por la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Urrá I. Sobre la base de las repercusiones altamente destructivas de esta represa, se proyecta el conflicto armado, con su propio impacto sobre la integridad cultural de este pueblo. Los embera katío han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos humanos por parte de grupos paramilitares y guerrilleros, sobre todo las FARC, como también de agresiones por parte de miembros individuales de la Fuerza Pública.

En junio de 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de distintos integrantes de la etnia Embera-Katío del Alto Sinú y ordenó que se investigara y juzgara a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra. Una década más tarde, el resguardo sigue en medio del fuego cruzado de intereses y actores armados. La Comisión Colombiana de Juristas y el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, James Anaya, en el informe “La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior”, elaborado tras su visita a Colombia en 2009, han dado también detalle de esta situación.

El Auto 004 de la Corte Constitucional realiza un análisis focalizado sobre el pueblo embera katío en el que se describe lo siguiente:

“En Tierralta opera el Frente 18 de las FARC, al cual se le atribuyen homicidios, secuestros, retenciones, amenazas, irrespeto a autoridades y a la cultura, especialmente desde 1999. También se reporta la presencia de paramilitares en toda la zona, algunos de ellos rearmados después de la desmovilización formal de las AUC, otros que se han apropiado o son propietarios de fincas cercanas, o son sus allegados, y en general en todo Córdoba. Igualmente, se reporta una alta actividad de narcotráfico en la región.

La guerrilla de las FARC ha cometido graves crímenes contra el pueblo Emberá-Katío. Se
denuncia, por ejemplo, el reclutamiento forzado constante de niños, niñas y jóvenes indígenas; el control al paso de personas, víveres y alimentos; y la intensificación de la siembra de minas antipersonal en el territorio tradicional desde 2005, especialmente en la parte alta del Río Esmeralda. Las comunidades informan que hubo un proceso de desminado de la zona rural de Beguidó, pero sin consulta previa.

Los grupos paramilitares, por su parte, han señalado constantemente a los Emberá-Katío de ser guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, asesinando selectivamente a varios de sus
miembros. Se denuncia también que ha habido señalamientos por parte de miembros de las
Fuerzas Armadas.

La Misión Internacional de Verificación constató en 2006 la “impunidad total” en los casos de líderes y miembros del pueblo Emberá-Katío asesinados o desaparecidos. Igualmente, resaltó la alta vulnerabilidad de los líderes de la Alianza de Cabildos Menores a las presiones de todas las partes del conflicto, con mayor riesgo por su fragilidad organizativa.

Uno de los problemas más severos que ha generado el conflicto armado para el pueblo Embera-Katío ha sido el de las restricciones a la movilidad y circulación de personas, alimentos, medicamentos e insumos básicos, derivados de las estrategias de control territorial de los grupos armados que operan en la zona, y también de la Fuerza Pública. En efecto, se han presentado varios casos de confinamiento de comunidades causado por retenes de los grupos armados y prohibiciones de transporte por determinadas zonas.

Pero el principal problema derivado de estas restricciones ha sido la crisis alimentaria y de salud que se deriva de no poder acceder a alimentos, víveres, medicamentos y combustible, ya que no se permite su transporte. De particular gravedad para la Corte resultan las denuncias sobre controles y restricciones alimentarias por parte de las Fuerzas Armadas en contra de las familias indígenas, por ejemplo, en Puerto Frasquillo. En efecto, se ha denunciado que las Fuerzas Armadas restringen el tránsito de víveres y medicinas en los retenes del ejército, indicando cantidades máximas que pueden pasar.

Las denuncias de los Embera-Katío contra las Fuerzas Armadas también se refieren a otro tipo de abusos, y a señalamientos y hostigamientos contra la población indígena. Se reportan maltratos a la población indígena por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, que acusan a los Embera-Katío de ser guerrilleros y les exigen información. Según comunicado de los Cabildos Mayores, desde finales de agosto hasta el 12 de septiembre de 2005, el Ejército permaneció en territorio embera-katío cometiendo múltiples abusos y violaciones del DIH”.

Embera Katío del Alto San Jorge, Urabá y Chocó

En este caso los katío también se han visto afectados por distintas manifestaciones del conflicto armado. Las organizaciones indígenas reportan que el territorio es escenario de confrontaciones miliares entre guerrillas, paramilitares (desmovilizados y en proceso de reconfiguración) y Fuerza Pública, involucrando a la población indígena en el conflicto.

El Auto 004 indica que un factor especialmente grave de recrudecimiento del conflicto en la zona ha sido la explotación de los recursos naturales por parte de los grupos armados al margen de la ley. Se denuncia, por ejemplo, la explotación maderera que ha atraído a los grupos armados al territorio. También se da una eleva presencia del narcotráfico y de minas antipersonal sembradas por los actores armados.

 

Narcotráfico

El cultivo ilícito de coca en su territorio ha exacerbado la violencia contra este pueblo. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos en 2007, en las regiones habitadas por emberas katío, se detectaron un total de 3.642 hectáreas de cultivos de coca. La presencia de grupos armados, tanto de la guerrilla como de las nuevas bandas emergentes, que se organizaron con posterioridad al proceso de desmovilización de las autodefensas, se vincula a la existencia de dichos cultivos.

La presencia de cultivos ilícitos en su territorio conlleva operaciones de fumigación áerea, que se realizan sin consulta previa y afectan los cultivos y las actividades de caza y pesca de las comunidades, poniendo en peligro su autonomía alimentaria, provocando graves problemas de salud por contaminación y desplazamiento forzado. También se han reportado casos de sustitución de cultivos tradicionales de pancoger por cultivos ilícitos, como sucedió en las comunidades indígenas del Alto San Jorge y Alto Uré.

 

Minería

El pueblo embera katío es uno de los más afectados por la proliferación de proyectos de extracción mineral en Colombia. Sus territerios albergan grandes yacimientos de oro, platino, molibdeno, zinc y cobre, en buena medida ya concesionados a empresas transnacionales para su exploración y explotación. Sin duda, el proyecto más ambicioso en territorio katío es el Proyecto Mandé Norte, de la estadounidense Muriel Mining Corporation, ubicado en el cerro Jaicatuma (“Filo de los espíritus” en lengua embera), también conocido como Cerro Careperro, en los municipios de Carmen del Darién (Depto. Chocó) y Murindó (Depto. Antioquia).

El Proyecto Mandé Norte

El gobierno colombiano, a través de Ingeominas, otorgó en 2005 nueve títulos mineros a la empresa Muriel para la exploración, explotación y comercialización de las reservas de cobre y los subproductos de oro y molibdeno que se hallan en la zona del bajo y medio Atrato. La zona de potencial minero abarca una extensión de 16.000 hectáreas, distribuidas entre ambos municipios, en territorios colectivos de comunidades negras y territorios tradicionales del pueblo embera. En concreto, el proyecto afecta siete resguardos indígenas en en los municipios de Murindó, Dabeiba, Frontino (Antioquia) y Carmen del Darién (Chocó).

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) inició una revisión del procedimiento mediante el cual se otorgaron los contratos, con el objetivo de verificar si se habían cumplido los criterios establecidos, como el otorgamiento de licencias ambientales y la consulta previa con las comunidades implicadas, entre otros. Se concluyó que estas exigencias fueron claramente omitidas durante el procedimiento, incurriendo de esta forma en una vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas consagrados en el Conveio 169 de la OIT (1989) e incorporados en la Constitución Política y la legislación nacional a través de la Ley 21 de 1991, mediante la cual el Estado colombiano ratificó dicho instrumento internacional. Por su parte, la empresa Muriel Mining Corporation argumenta haber realizado la consulta con las comunidades. Las autoridades indígenas han negado en numerosas ocasiones la validez de la consulta, alegando que los firmantes actuaron a título personal, bajo engaño y sin ser éstos habitantes del territorio afectado.

Los trabajos de exploración comenzaron el 1 de enero de 2009, junto con una fuerte militarización del territorio por parte del Ejército Nacional, que debía “garantizar” la seguridad de la multinacional. Se establecieron campamentos para los trabajadores y un helipuerto en el Cerro Sagrado, que conllevó la destrucción de una parte importante de la selva, generando graves consecuencias para las comunidades indígenas en términos de subsistencia.

En la madrugada del 30 de enero de 2010, la comunidad de Alto Guayabal en el Resguardo Uradá Jiguamiandó fue bombardeada por el ejército colombiano, con el resultado de varios heridos y un bebé muerto. Las organizacioens indígenas apuntan a que tras estos hechos se esconde la intención de desplazar a la población indígena de su territorio para dejar vía libre a la minería. La situación de incertidumbre provocada por la presencia de la minera y los militares, así como de la profanación de sus espacios sagrados, provocó el suicidio de ocho mujeres. El desplazamiento forzado puede ser la consecuencia lógica de un proyecto minero de estas características.

En febrero de 2010 tuvo lugar una misión de verificación en la que participaron la defensoria del Pueblo, ACNUR, OIA, ONIC, JYP y Salva la Selva. Se determinaron las siguientes medidas urgentes: una declaración de alto riesgo de desplazamiento y crisis humanitaria, la creación de una comisión mixta permanente compuesta por organizaciones indígenas y organizaciones de apoyo que tengan interés en apoyar, composición de un informe humanitario exhaustivo sobre la situación, difusión de la situación de la comunidad Embera Katío a nivel internacional, con especial atención a las mujeres, y acompañamiento constante de verificación a la comunidad.

El proyecto Mandé Norte se encuentra en la primera fase de exploración y los impactos sobre el pueblo embera katío ya se han puesto en evidencia. Se calcula que la fase de producción tendrá una duración de 30 años, alcanzando niveles de extracción sobre las 60 mil toneladas diarias, que serán transportadas por el río Atrato hasta el golfo de Urabá y hacia el mercado internacional.

 

Hidroeléctricas

Represa Urrá I

En 1993 se inició la construcción de la represa hidroeléctrica Urrá, situada en la parte alta de la cuenca hidrográfica del rió Sinú, a 30 km del área urbana del municipio de Tierralta, en el departamento de Córdoba. Se hizo sin el consentimiento previo del pueblo embera katío, incumpliendo el Estado colombiano su deber legal y constitucional de consultar a los pueblos indígenas ante la realización de proyectos en su territorio, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

El costo de la obra se calcula en unos 900 millones de dólares, de los cuales el Estado colombiano a través del Ministerio de Minas y Energía, Corelca S.A., ISA, los departamentos de la Costa Atlántica y el municipio de Tierralta, aportó cerca del 90%. En su mayoría fue financiada por la Banca Multilateral (CAF), el Nordisk Investment Bank (NIB) y la Agencia Canadiense Export Development.

El megaproyecto Urrá I generó múltiples consecuencias negativas sobre el pueblo embera katío, que fueron ampliamente documentadas en la Sentencia T-652 de 1998. Los Cabildos Mayores Embera-Katío del Alto Sinú denunciaban en el año 2002 los siguientes impactos:

1. Impactos ambientales: se inundaron un total 7,417 hectáreas (417 hectáreas de territorio indígena), destruyendo 21 millones de metros cúbicos de biomasa, cuya putrefacción contaminó gravemente el agua. Desaparecieron plantas medicinales endémicas, se desalojó a la fauna silvestre y se extinguieron 12 especies de pescado, repercutiendo en la alimentación y las actividades comerciales del pueblo embera. Se salinizaron las tierras río abajo, ya que su falta de corriente permitió que penetrara tierra adentro el agua del mar. En general se trastocó nocivamente todo el ecosistema de esa cuenca hidrológica.

2. Impactos sociales: se violaron los derechos colectivos del pueblo Embera a la consulta al consentimiento previo, libre e informado.  Se desplazó a muchas familias indígenas y campesinas. Se provocó la división del pueblo Embera y el rompimiento de su tejido social, como estrategia para debilitar la resistencia indígena. Se desató la violencia paramilitar a través de amenazas, asesinatos y secuestro de líderes y autoridades Embera.

3. Impactos culturales: la inundación de las 417 hectáreas del Resguardo sepultaron lugares sagrados (Jaidé). Al desaparecer el río Sinú, los embera katío quedaron sin el medio de transporte tradicional, ya que antes viajaban por el río en balsas. Al dividir al pueblo Embera se atentó contra la preservación cultural, ya que muchas familias se desplazaron hacia la ciudad, donde hoy viven en la miseria y por lo tanto se debaten entre la mendicidad, la delincuencia, la prostitución y el alcoholismo.

4. Impactos económicos: con la desaparición del medio de transporte tradicional, en la actualidad se deben pagar pasajes en vehículos motorizados para salir a la ciudad a comprar o a vender los productos en el mercado (maíz, plátano, cerdos). La autonomía alimentaria se ha visto gravemente perjudicada por la extinción de las 12 especies de peces, que eran la base de su dieta; hoy tienen  que adquirir pescado a precios muy altos. Por otro lado, la pérdida de las playas y vegas de los ríos hizo que se dejara de cultivar arroz, que ahora se compra.

5. Impactos sobre la salud: las deficiencias alimenarias, debidas a la desaparición del pescado como base de la dieta tradicional, la desaparición de muchas plantas medicinales y la contaminación del agua, trajeron graves enfermedades desconocidas que provocaron la muerte de un gran número de niños/as. Además, la represa atrajo plagas de mosquitos y zancudos malsanos.

La sentencia T-652/98 ordenó una indemnización por la pérdida de alimentación y de transporte que, en forma de subsidios alimentarios entregados individualmente, se empezó a recibir en el año 2006. Sin embargo, según los Cabildos Mayores, esta indemnización ha originado más problemas, ya que el recibo del dinero ha generado mayores divisiones internas, incidiendo sobre la reivindicación colectiva de derechos. También sostienen que ha causado aculturación y pérdida de costumbres, pérdida de interés en la organización, el trabajo comunitario y la organización política, poniendo en riesgo la supervivencia cultural embera. En este contexto, se han registrado 20 suicidios desde 1997, por inundación de 28 lugares sagrados. Por último, el proceso de Urrá I ha provocado el desplazamiento hacia los cascos urbanos del 35% de la población katío del Alto Sinú.

Represa Urrá II

En la actualidad persiste la amenaza de la construcción de Urrá II o Proyecto río Sinú, que inundaría más de 50.000 hectáreas de selva tropical y afectaría a tres de los ríos de los embera. Pese a que el Estado colombiano se comprometió a no construirlo, en el año 2008 se reactivó el proyecto, acompañado de una fuerte militarización del territorio katío. En el 2009, el Ministerio de Medio Ambiente negó el permiso para el estudio ambiental, pero la empresa Urra trata de apelar esta decisión.

Según el comunicado emitido por el pueblo embera katío del Alto Sinú, reunido en asamblea el 9 de Diciembre de 2009 frente a la construcción del megaproyecto hidroeléctrico Urrá II,
“el pueblo sería condenado a su paulatina extinción ya que este megaproyecto abarcaría 3 de nuestros principales ríos y afectaría todo nuestro territorio desde el punto de vista ambiental y sociocultural”.

 

LUCHAS Y RESISTENCIAS

A mediados de la década de los noventa, el movimiento indígena inició una campaña a nivel nacional e internacional de acciones sociales y políticas para obligar a la Empresa Urrá S.A. a cumplir los compromisos adquiridos y al Gobierno nacional a garantizar sus derechos sobre su territorio ancestral. Así, en 1998 la Corte Constitucional tuteló los derechos a la supervivencia, la integridad étnica, cultural, social y económica, a la participación y al debido proceso de esta etnia, ordenando al Incora y al Ministerio del Interior unificar en un solo resguardo a la comunidad y a la empresa Urrá, a indemnizar a la comunidad por la vulneración del derecho a consulta previa sobre su territorio, con una indemnización mensual de 135.000 pesos por persona durante 20 años a cada uno de los miembros de la comunidad.

Respecto al proyecto hidroeléctrico Urrá II, la lucha de las organizaciones indígenas  se articuló a través de denuncias internacionales, manifestaciones, tomas de la alcaldía municipal y un campamento por más de cinco meses en el jardín del Ministerio de Medio Ambiente en Bogotá. En abril del 2000 se logró que el gobierno firmara un acuerdo comprometiéndose a detener la construcción de la segunda etapa del megaproyecto y a garantizar el respeto a los derechos humanos de la población, amenazados por grupos paramilitares.

Entre noviembre de 2004 y abril de 2005, el pueblo embera katío impulsó una movilización masiva a Bogotá en tanto Asamblea Permanente, donde permanecieron para exigir al Gobierno una solución. Se denunciaron principalmente el incumplimiento de los acuerdos de Urrá, el abandono institucional y la impunidad en la desaparición de líderes. Eventualmente, ante el logro de un acuerdo con el Gobierno, regresaron a su territorio; sin embargo, las organizaciones indígenas denuncian que este acuerdo ha sido incumplido.

Más recientemente, debido a la falta de consulta previa ante la implementación del Proyecto minero Mandé Norte en la zona del bajo y medio Atrato, las comunidades embera katío organizaron una  consulta propia que culminó con un NO rotundo a la minería en territorio indígena. Esta consulta popular fue la primera de su género celebrada en Colombia, con la intención de contribuir a generar presión política y lograr su reconocimiento formal por parte del Estado. Se interpuso una acción legal de tutela ante el Tribunal Supremo de Justicia, que fue rechazada fallando a favor de la compañía norteamericana, pero se sigue trabajando en este sentido.

En este mismo contexto, en enero de 2009, más de 600 emberas ocuparon durante tres meses el heliopuerto y el campamento que la compañía Muriel había construido en zona sagrada, en el Cerro Careperro.

 

FUENTES CONSULTADAS

CAMAEMKA: Carta del Cabildo Mayor Emberá Katío Rio Sinú y Rio Verde al presidente del Foro Permanente para las cuestiones indígenas de la ONU, 2010

CAMAEMKA: S.O.S. por el pueblo embera katío. Los Cabildos Mayores de los ríos Sinú y Verde alertan a la comunidad en general sobre su inminente desaparición, 2007

CECOIN (J. Ubeimar, N. Yagarí, A. Arboleda): Megaproyectos mineros en territorios de comunidades negras e indígenas del bajo y medio Atrato. El proyecto minero Mandé Norte, en La tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, 2008

Comisión Colombiana de Juristas: Informe al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la grave situación del pueblo embera katío del Alto Sinú, 2010

Corte Constitucional de Colombia: Auto 004 de 2009

Anexos Auto 004: Situación del pueblo indígena embera-katío ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado

Durango, Gerardo: Derechos Fundamentales de los pueblos indígenas. El caso del pueblo Embera Katío y la represa de Urrá: un análisis desde la Corte Constitucional Colombiana, 2008

Ministerio de Cultura de Colombia: Caracterización del pueblo Embera Katío

Negrete,  Víctor:  La hidroeléctrica de Urrá II. Centro de Estudios Sociales y Políticos, Universidad del Sinú 2007

Rodríguez, Guadalupe: Comunidades indígenas Embera defienden su vida de proyecto minero, en Ecoportal.net, 2010

 

Páginas web

Asociación de Cabildos Indígenas del Chocó - OREWA

Cabildos Mayores Embera Katío del Alto Sinú - CAMAEMKA

Organización Indígena de Antioquia - OIA

Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC

Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas (seguimiento Proyecto Mandé Norte)