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La desinformación pone en riesgo a nuestro Pueblo Indígena Awá

ONIC, 14 de julio de 2015.- A propósito del comunicado emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, las autoridades de la zona Telembí se permiten señalar:

Por más de 523 años, los pueblos indígenas de América Latina hemos sufrido en carne propia la violencia que en muchas ocasiones terminaron con el exterminio físico, espiritual y cultural de muchas etnias hermanas, hoy los Awá seguimos siendo víctimas de este flagelo que no parece tener fin.

El caso de Carlos Alfredo García García menor de edad de 15 años asesinado a finales de del mes de junio del presente año, ha causado indignación dentro de nuestras comunidades, debido a la inoperancia de las entidades concernientes dentro de la ley 1448 y el decreto ley 4633; que asume como principios en teoría el enfoque diferencial, pero que en la práctica no se aplica desde la cosmovisión que los pueblos indígenas tenemos.

Según la constitución política de Colombia en el ARTICULO 246 señala: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos.”

En acta de concertación firmada el día 8 de mayo del 2015 por el defensor de familia del ICBF y el Gobernador de WATSALPI, se puede constatar que quien hace entrega del menor de edad es la autoridad indígena del Resguardo, como parte de nuestra autonomía contemplada en la ley.

Lo triste de este caso es que El gobernador Indígena de WATSALPI que además era padre de nuestro compañero Carlos Alfredo, sabía que la solución no era dejarlo en manos del ICBF pero no había otra salida, la falta de garantías de esta institución, ponía en riesgo a nuestro hermano Awá, esto se puede corroborar en el Acta de concertación firmada el 8 de mayo del 2015, donde citamos textualmente “(…) por parte del ICBF no se garantiza la seguridad respecto a la integridad personal de Carlos Alfredo García García”.

Si bien el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, brindo a Carlos Alfredo asistencia dentro de uno de sus programas, nunca se tuvo en cuenta durante este periodo el enfoque diferencial que promueve el decreto 4633, la única opción que nos dieron fue que el menor debía salir del departamento a una institución que trabaja con jóvenes en proceso de desvinculación, lo cual no garantizaba para nuestro pueblo el bienestar de Carlos Alfredo, debido a que no sabíamos a ciencia cierta a lo que se iba a enfrentar.

La condición física, psicológica del menor no era la mejor, las cicatrices de la guerra eran evidentes, poca fue la atención psicosocial que el instituto le brindo. En más de una ocasión recibimos llamadas por parte de funcionarios del ICBF, planteando que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no podía garantizar la seguridad del menor, razón por la cual la autoridad indígena de WATSALPI no tuvo otra alternativa que retornar con su hijo a la comunidad, en medio de la zozobra y la incertidumbre que esto representaba, situación que no fue fácil ni para la comunidad, ni para el pueblo, los embates de la guerra se llevó a nuestro hermano Awá, Carlos Alfredo García García fue asesinado el pasado 25 de junio en horas de la tarde.

La situación se ha vuelto cada vez más difícil, el reclutamiento de nuestros hermanos Awá, ha significado que en esta última semana dos hermanos Awá se encuentran desaparecidos, las aulas de nuestros centros educativos están quedando vacías, nuestros jóvenes, niños y niñas son cada vez más amenazados por los grupos armados que hacen presencia en los resguardos.

Exigimos para que las instituciones competentes dentro del tema de infancia replanteen y asuman la asistencia y la atención de estos casos con responsabilidad, estamos hablando de la vida de nuestros jóvenes, quienes significan el futuro de nuestro pueblo, que se encuentra dentro de los 34 pueblos en vía de exterminio físico, cultural y espiritual como lo plantea el Auto 004-2009 emanado por la Corte Constitucional.

Es de suma importancia la creación de una ruta de atención a menores concertada con las autoridades y así empezar a cumplir el decreto ley 4633; el reclutamiento forzado se ha convertido en una estrategia de guerra para los actores armados que se encuentran en nuestro territorio, no queremos que futuros casos de este flagelo finalicen como lo sucedido con nuestro hermano Carlos Alfredo.

Tortugaña, Julio 2015.