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Comunicado en defensa del derecho a consulta previa de la comunidad inga de mocoa, putumayo

Observatorio ADPI, 16 de septiembre de 2014.- Desde el Observatorio por la Autonomía y Derechos de los pueblos indígenas de Colombia (Observatorio ADPI) con sede en Barcelona, Estado Español, queremos informar a la opinión pública internacional y a las Autoridades colombianas, que hacemos parte del proceso de observación y seguimiento de la petición de Consulta Previa del asentamiento Inga “El Guadual” situado en la ciudad de Mocoa, Putumayo, Colombia, en donde se están presentando las siguientes violaciones a los derechos fundamentales y colectivos del Pueblo Inga:

1. Descripción de los hechos:

1.1) Sobre el margen derecho del rio Mocoa, zona rural de la capital del Putumayo se encuentra el territorio indígena “El Guadual” con una extensión de 10 hectáreas aproximadamente habitado por 27 personas, distribuidas en 9 familias con diferentes grados de parentela de apellido Jacanamejoy, pertenecientes y debidamente registradas en el censo del Cabildo Inga de Mocoa. Estas familias han habitado el lugar desde tiempos ancestrales, y a la actualidad aún se mantienen vivas las costumbres y usos, la lengua materna, la cultura, las tradiciones, el pensamiento y la cosmovisión.

Por este motivo, la comunidad obtuvo el reconocimiento y la certificación mediante la Resolución No 020 del 5 de marzo de 2014 del Ministerio de Interior, Dirección de Consulta Previa, donde se certifica la presencia de comunidades indígenas que viven en la zona del proyecto “contrato número 407 –Modulo 1- construcción de la variante San Franciso-Mocoa, explotación de materiales de arrastre de construcción, ubicado en el municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo.

1.2) Uno de los grandes proyectos viales e importantes para Colombia, es la construcción de la Variante  San Francisco – Mocoa, vía con la cual se espera conectar la Amazonía colombiana con el sur del País permitiendo el paso de vehículos de carga pesada entre las cabeceras Municipales de San Francisco y Mocoa, en el Departamento de Putumayo. El Banco Interamericano de Desarrollo – BID, ha financiado parte de la totalidad para la ejecución de las medidas ambientales y sociales previstas para el proyecto.

1.3) A finales del año 2011 Corpoamazonía dio viabilidad a una serie de obras preventivas en el  rio Mocoa, mediante la realización de un concepto técnico para realizar obras de mitigación del riesgo de desastres naturales en dicho río. Según la comunidad y los técnicos medioambientales que asesoran al cabildo, tal informe no era evidente para emitir un permiso ambiental, pues los hechos que se mencionaban no eran  suficientes para identificar a la zona como un lugar de “riesgo o amenaza”.

El 24 de enero de 2012, se firmaron acuerdos entre la administración municipal, la empresa SONACOL y el Consorcio Vial del Sur para autorizar la descolmatación del río, y tramitar ante las autoridades mineras la Autorización Temporal necesaria para desarrollar las actividades de explotación de materiales.

El 26 de enero de 2012, se autorizó a la empresa SONACOL S.A.S para que realizara obras de mitigación del riesgo, mediante la descolmatación y reencausamiento del rio Mocoa. Como contraprestación por la actividad de la empresa se le autoriza el aprovechamiento del material de arrastre del rio. El fin de la intervención se pactó en la extracción de 80.000 m3 de material aprovechable para la construcción de la variante Mocoa-San Francisco.

Finalmente, el 21 de febrero de 2012, la Dirección de Servicio Minero del Servicio Geológico Colombiano concedió la Autorización Temporal e intransferible No. MLM–08541 al Consorcio Vial del Sur por 3 años, para la explotación de 100.000 metros cúbicos de un yacimiento de materiales de construcción.

Sin embargo, el volumen de extracción de metros cúbicos, fue superado según un informe técnico (Informe de actuaciones ambientales adelantadas por el Consorcio Vial del Sur para el frente de Mocoa del contrato 407) de Corpoamazonía de noviembre 23 de 2012.

2) Violación al derecho de Consulta Previa

Según la comunidad, la empresa SONACOL realizó entre octubre de 2011 y enero de 2012 unos acercamientos de modo informal, sin previo aviso de visitas, sin garantías, sin brindar información amplia y estableciendo acuerdos de carácter verbal. Posteriormente, se hicieron firmar los acuerdos verbales realizados en la reunión del 31 de enero de 2012, sin entrega de una copia del acta. Semanas después, tras la solicitud de la comunidad se entregó una copia con compromisos no acordados en la última reunión.

Por este motivo, desde la comunidad se sintió que no se habían respetado sus derechos y se inició el proceso de certificación de la presencia de la comunidad indígena en la zona del proyecto. El 6 de marzo del 2014, se certificó la presencia del cabildo Inga de Mocoa en la zona de afectación del proyecto y se inició un proceso de reclamación del cumplimiento del derecho de Consulta Previa ante las instituciones competentes.

Sin embargo, con fecha 31 de julio del 2014,  se produce el fallo de la Acción de Tutela 2014-02950 presentada por la empresa SONACOL y el Consorcio Vial del Sur en contra del Ministerio de Interior ante el Tribunal administrativo de Cundinamarca. En ésta se considera que la resolución No 020 del 5 marzo 2014 vulnera el derecho al debido proceso, la confianza legítima y el perjuicio irremediable de la empresa y se exige que se deje sin efectos dicha resolución.

3. Valoración de la gravedad de los hechos:

3.1) La violación de los derechos a los cabildantes. El Cabildo Indígena Inga de Mocoa se siente intrínsecamente afectado por el “proyecto de explotación y extracción de material de arrastre del rio Mocoa” que está efectuando la Empresa SONACOL y el Consorcio Vial del Sur.

3.2) Derechos de petición realizados. Como consecuencia de estar en pleno derecho para reclamar un proceso de consulta previa se realizaron los Derechos de Petición a las autoridades competentes, obteniendo respuestas negligentes o insuficientes en la mayoría de los casos:

3.2.1) Corpoamazonía, Dirección Territorial del Putumayo, 25 marzo 2014. Derecho de petición para el cese de actividades del proyecto de explotación de material de arrastre en el río Mocoa. Se exigió la suspensión del proyecto, el cese de las actividades y respeto a los derechos de consulta previa. La respuesta del 28 marzo fue que se estaba adelantando el trámite de solicitud de la licencia ambiental y que se estaba acatando la resolución del Ministerio interior.

3.2.2) Alcaldía de Mocoa, Secretaria de la gobernación municipal, 25 de marzo 2014. Derecho de petición para que se ordene el cese de las obras en base al inicio de un proceso de Consulta Previa. El secretario contestó argumentando que no dispone de las herramientas ni la potestad para ordenar dicha reclamación.

3.2.3) Empresa SONACOL, 10 de abril 2014. Derecho de petición para  que se solicite a la Dirección de Consulta Previa el inicio de un proceso, el cese de actividades y copia del proyecto, del plan de manejo y de la diligencia frente al proceso de resolución. Se responde que ya han parado las obras y se les proporcionan los documentos. Sin embargo, informa de que han pedido información al Instituto geográfico para superponer la zona con las de la zona de explotación.

3.2.4) Ministerio de Interior, 7 mayo 2014. Derecho de petición dónde se informa que el derecho de petición a SONACOL fue refutado. Se pide: 1) que se emita un comunicado a la empresa SONACOL para que formalice los actos protocolarios de realización de la consulta previa con el cabildo Inga de Mocoa; 2) que se brinden las herramientas para que haya un esa de las actividades y 3)  que se solicite a la Dirección del Servicio Minero del Servicio Geológico Colombiano la suspensión de la Autorización Temporal Nº MLM 08541. Sin res puesta.

3.2.5) Servicio Geológico Colombiano, 7 de mayo 2014. Derecho de petición donde se informa de la respuesta negligente del Consorcio vial del Sur, SONACOL y las autoridades municipales. Se pide la suspensión inmediata de las obras con el objetivo de definir la consulta previa. La respuesta esgrimida es que la reclamación es improcedente ya que la zona no consta como zona étnica.

3.2.6)  Oficio a la Defensoría del Pueblo del Putumayo, Mocoa, 4 de abril del 2014. Se le pide a la Defensoría del pueblo de Mocoa que participen en el proceso de consulta previa en curso.

3.2.7) Oficio a la Personería de Mocoa, 4 de abril 2014. Se pide que participen en el proceso y den garantías. El delegado del secretario estuvo en la visita de certificación del Ministerio del Interior con fecha 13 de diciembre del 2013.

3.2.8) Oficio a la Procuraduría de Mocoa, 4 de abril del 2014. Se pide que participen en el proceso y brinden garantías. La respuesta fue que se exhortó a la Dirección de Consultas Previas para que se adelantaran los trámites de acciones que garanticen el derecho de Consulta Previa.

3.2.9) Ministerio del Interior, 8 de julio de 2014. Derecho de Petición para que el Ministerio intervenga y subsane la evasión de la Consulta Previa por parte de la empresa SONACOL. La respuesta fue que se iba a oficiar a la empresa porque ha ignorado su deber legal de solicitarle a la Dirección de Consulta Previa el inicio formal del proceso de Consulta Previa con esta comunidad.

3.3) El proyecto ha ido en contra de la Autorización Temporal No. MLM-08541, ya que el volumen de material de arrastre ya había superado su límite de extracción en el 2012; además los impactos ambientales y perjuicios al territorio el Guadual dan pie para definir al proyecto como un Delito Ambiental contemplado en el marco legal Colombiano (Ley 599 del 2000).

4) PETICIONES

Desde el Observatorio ADPI mostramos nuestro apoyo al Cabildo de la Comunidad Inga, ante la violación del derecho fundamental a la Consulta Previa.

Consideramos el proyecto no debe ser considerado como una actividad de Gestión del Riesgo de Desastres, ya que las obras (construcción de jarillones) destinadas a reducir “el riesgo o amenaza” no han tenido ningún tipo de mantenimiento desde el periodo de invierno de junio de 2012 a la actualidad. El proyecto tiene fines de explotación de los recursos naturales. Por este motivo, reiteramos la inconformidad ante este tipo de intervenciones, con que las entidades públicas y privadas (Corpoamazonia, Consorcio Vial el Sur y la empresa SONACOL) proyectan su interés particular, sin tener argumentos respecto de la “inminente amenaza por riesgo de desastres por crecientes súbitas o inundaciones en rio Mocoa”.

En relación a lo expuesto exigimos:

1) Al Ministerio de Interior, Corpoamazonía, Alcaldía de Mocoa, a la Empresa SONACOL, al Servicio Geológico Colombiano, Agencia Nacional de Minería, que se garantice el derecho fundamental a la Consulta Previa, dando cumplimiento a la normatividad vigente Convenio 169 de 1989 de la OIT, a la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas y la Constitución Política de 1991, de tal manera que se asegure que el pueblo indígena Inga pueda tomar decisiones que no atenten contra su cultura, integridad, cosmovisión, usos y costumbres propias.

2) Al Ministerio del Interior, la revisión y debida cumplimentación del proceso de certificación de la presencia de comunidades indígenas en el polígono del proyecto en el plazo establecido por la ley, con el objetivo de poder realizar con garantías jurídicas e institucionales el correcto proceso de Consulta previa.

3) Al Ministerio de Interior, 1) que se emita un comunicado a la empresa SONACOL para que formalice los actos protocolarios de realización de la consulta previa con el cabildo Inga de Mocoa; 2) que se brinden las herramientas para que haya un cese de las actividades y 3)  que se ordene a la Dirección del Servicio Minero del Servicio Geológico Colombiano, la Agencia Nacional de Minería la suspensión de la autorización temporal Nº MLM 08541.

4) A la empresa SONACOL el cese de actividades.

5) A la Defensoría del Pueblo, la personería y la procuraduría. Que se erijan como organismos competentes que garanticen el derecho al debido proceso y al consentimiento previo, libre e informado.

6) Invitamos a nuestras amigas y amigos de Catalunya, del Estado español y la comunidad internacional a que conozcan, se informen y hagan seguimiento sobre esta situación.

Barcelona a 17 de septiembre del 2014

Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia