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CERREJON, MINERÍA A CIELO ABIERTO Y POSVERDADES

Por Eduardo Liñán Pana.-Para los críticos desinformados, las lecturas sin contexto se vuelven verdades incuestionables, eso suele pasar en la era de las posverdades, donde las medias verdades y las mentiras son el mejor argumento. Negar la afectación directa en la salud y al ambiente sano de las comunidades wayuu, a causa de décadas de minería extractiva de carbón, es una falacia. Mucho más en el departamento de la Guajira, que ha aportado al país a través de la historia,  inmensas riquezas; iniciando a mediados del siglo  XVI, con la bonanza perlera, siendo su mayor auge en los periodos comprendidos entre 1540 y 1570. Posteriormente ha aportado sal, carbón, gas, y  recientemente se vislumbra una nueva bonanza de las energías limpias a partir de la fuerza del viento y la radiación solar.

Amplia controversia y debate ha generado el reciente fallo de la Honorable Corte Constitucional, (Sentencia T-704 de 20016), en el cual ordena a la Autoridad Ambiental (ANLA) revisar la resolución 2097 que “establece y aprueba el Plan de Manejo Ambiental Integral de todo el proyecto minero “El Cerrejón”, y sus consecuentes resoluciones”, ordenando además, que “el mecanismo de participación que  deberá implementar será la consulta previa”. Lo que NO se dice es que, a pesar de haber adoptado en Colombia el Convenio 169 que establece el Derecho de las comunidades étnicas a la Consulta Previa, a través de la Ley 21 de 1991; nunca se ha realizado Consulta Previa alguna sobre esta explotación a cielo abierto, con las comunidades wayuu ubicadas en el área de influencia de la empresa Carbones del Cerrejón, a pesar de ser, casi toda la Guajira, un territorio resguardado.

¿Cómo obtuvo entonces la licencia ambiental la empresa Cerrejón?  ¿Por qué negó nueve veces, (lo dice el fallo en cuestión), el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Consulta Previa, la existencia de comunidades étnicas, si esta es su función técnica y legal?

¿Qué le ha tocado a la Guajira? ¿Qué le ha tocado al sufrido pueblo Wayuu? Solo los impactos sociales negativos, la contaminación ambiental, los arroyos secos, la hambruna infantil, la corrupción de la clase política y el desgreño administrativo; toda una tradición de décadas de inequidades, destituciones, e impunidades sistemáticas, estructurales e históricas.  

Prueba de lo anterior es que “según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el 55.8  por ciento de la población vive en la pobreza, el 85 por ciento de los habitantes se encuentra en la informalidad y el 11 por ciento padece desnutrición crónica, especialmente los niños menores de 5 años... se presenta el más alto índice nacional de deserción escolar, 78%, la más alta del país…En alimentación escolar, durante el segundo semestre de 2016, en doce de los quince municipios no se ejecutó el dinero destinado para la prestación del servicio… en materia de agua y saneamiento, las coberturas están por debajo del promedio nacional, y solo tres municipios de 15 suministran agua apta para el consumo...“El departamento no ha ejecutado las transferencias para agua de las vigencias 2010, 2011,2012, 2013, 2014 y 2015, por cerca de $39.101 millones”. (El Tiempo 22/2/2017).