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Comunicado del Observatorio ADPI: Solidaridad frente a la represión contra el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU)

Observatorio ADPI, 15 de abril de 2013. En agosto del año pasado, en defensa de sus derechos, las comunidades del CRIHU, Consejo Regional Indígena del Huila, junto con comunidades campesinas integrantes de la Asociación de Afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, ASOQUIMBO, desarrollaron la Minga por la defensa y liberación de la Madre Tierra.

Sus objetivos fueron solicitar una revisión de la política minero energética del país, buscar una salida al conflicto armado, y la exigencia de resolver la problemática de la propiedad de la tierra y del territorio para las comunidades indígenas y campesinas. 

Producto de la movilización, se realizó una reunión el 30 de ese mes con delegados de estas organizaciones y representantes de los gobiernos nacional y departamental y la Defensoría del Pueblo, en la cual se reconoció el proceso de esta Minga como un espacio legítimo de construcción social, política y cultural de los pueblos en el desarrollo de sus derechos y se llegó a unos acuerdos que se consignaron en un acta.

El gobierno no ha cumplido con lo que se comprometió y en los últimos meses varios líderes indígenas han sido víctimas de amenazas y seguimientos por parte de la Fuerza Pública. Y a raíz de esa movilización, el presidente del CRIHU, LEONARDO HOMEN QUINAYAS se encuentra en un proceso de judicialización pues la Fiscalía General de la Nación ha iniciado una investigación penal en su contra.

La hidroeléctrica del Quimbo es un megaproyecto impulsado por Emgesa, una empresa filial de la transnacional española Endesa que va a desviar las aguas del río Magdalena, va a inundar unas 9.000 hectáreas cuya mayor parte pertenece a la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía y el Macizo Colombiano rica en biodiversidad y yacimientos arqueológicos y va a desplazar cerca de 2.000 habitantes dedicados a la producción agropecuaria. La protesta social y los reclamos de las comunidades frente a este despojo son totalmente justos y legítimos. Y no puede ser que el gobierno y las autoridades le entreguen los territorios, el agua y los recursos energéticos, que son de los campesinos, los indígenas y el pueblo colombiano, a los intereses privados de un monopolio transnacional y al mismo tiempo persigan a las comunidades y criminalicen su protesta social.

El OBSERVATORIO POR LA AUTONOMÍA Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA, con sede en la ciudad de Barcelona, apoya las justas luchas del CRIHU y ASOQUIMBO, denuncia estas amenazas y seguimientos y rechaza la judicialización que se pretende contra el presidente del CRIHU y otros líderes indígenas y campesinos del Huila.

La Fiscalía General de la Nación no tiene por qué prestarse a montajes o intimidaciones judiciales y haremos un seguimiento de sus actuaciones en este caso para promover su denuncia internacional.

Invitamos a las redes internacionales de defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas a que estemos pendientes de esta situación, hacerle un seguimiento permanente y presionar a las autoridades de Colombia y el Huila para que cesen en la criminalización de la protesta social.